¿Qué documentos necesito?

AVISO IMPORTANTE:

LA RESOLUCIÓN DEL ERTE QUE CONSTATA LA FUERZA MAYOR EN BASE AL ARTÍCULO 2.1  O ART. 2.2 DEL RDL 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO,  (POR IMPEDIMENTO O POR LIMITACIÓN), SALVO QUE SE HAYA RENUNCIADO A LA MISMA, SIGUE EN VIGOR MIENTRAS EXISTAN LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN EL CITADO ARTÍCULO DEL REAL DECRETO LEY 30/2020, Y ESTA NORMA CONTINÚE VIGENTE.

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1. Procedimiento de suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por FUERZA MAYOR.

Supuestos que comprende:

1. Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento de actividad.
 Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, por autoridades españolas o extranjeras, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, en los centros afectados, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los porcentajes de exoneración previstos en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, previa autorización de un expediente de regulación temporal de empleo, en base a lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuya duración quedará restringida a la de las nuevas medidas de impedimento referidas.

2. Expedientes de regulación temporal de empleo por limitación de actividad.
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, podrán beneficiarse, desde la entrada en vigor Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, y en los centros afectados, previa autorización de un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor por limitaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.3

3. Expedientes de regulación temporal de empleo por otras circunstancias no relacionadas con el COVID-19 (Incendio, inundación, etc.)

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores.

La resolución de la autoridad laboral, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Documentación a presentar:

• Formulario de solicitud. IMPORTANTE SOLO USAR EL MODELO DENOMINADO SOLICITUD ERTE FUERZA MAYOR.
• Memoria y los medios de prueba que se estimen necesarios.
• Domicilio del centro o centros de trabajo y su código de cuenta de cotización a la Seguridad Social.
• Relación nominal de trabajadores afectados: Nombre, apellidos y número de identificación fiscal.
• Acreditación de haber efectuado la comunicación simultánea a los representantes legales de los trabajadores.

2. Procedimiento de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19:

El procedimiento a seguir es el previsto en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, con las especialidades del artículo 3 del Real Decreto-ley 30/2020, 30 de septiembre y del artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

El artículo 3 del Real Decreto-ley 30/2020 prevé que los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la Covid-19 iniciados tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 30/2020 y hasta el 31 de enero de 2021, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades siguientes
 
La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo de los referidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 30/2020 (expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que se prorrogan automáticamente hasta el 31 de enero de 2021)
 
Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19 se inicie tras la finalización de un expediente de regulación temporal de empleo basado en la causa prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.
 
Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 30/2020 seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.

No obstante, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del presente real decreto-ley, en los términos previstos en este apartado, siempre que se alcance acuerdo para ello en el periodo de consultas.

Esta prórroga deberá ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación final del expediente inicial, de acuerdo con el procedimiento previsto en en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, con las especialidades a las que hace referencia el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Además el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, prevé que en estos procedimientos, se aplicarán estas otras especialidades respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora:

En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.

El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de siete días.

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, salvo en lo relativo al desarrollo del período de consultas que se regirá por lo previsto en los apartados anteriores

Documentación a presentar:

• Formulario de comunicación. IMPORTANTE SOLO USAR EL MODELO DENOMINADO COMUNICACIÓN ERTE OTRAS CAUSAS, al inicio del periodo de consultas y el de COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN FINAL, una vez acabado este periodo.

3. Procedimiento de calificación de empresas como dependientes o integrantes de cadena de valor (Plazo limitado):

La disposición adicional primera Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, establece un régimen específico en materia de beneficios en las cotizaciones a la Seguridad Social para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad.

Además, se establece la posibilidad de que determinadas empresas dependientes indirectamente o integrantes de la cadena de valor de las anteriores puedan acreditar ante la autoridad laboral dicha condición y acceder a los mismos beneficios en materia de cotizaciones.

Se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad aquellas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, conforme a lo establecido en el del artículo 1, y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el Anexo de la citada norma en el momento de su entrada en vigor. Estas empresas acceden a las exoneraciones previstas en la norma sin necesidad de realizar trámite alguno.

También podrán acceder a las exoneraciones previstas en el apartado tercero de la  adicional primera del Real Decreto-ley las empresas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, conforme a lo establecido en el artículo 1, cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se refiere el apartado anterior, o que formen parte de la cadena de valor de estas, en los términos establecidos a continuación.

Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las empresas a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional primera, las empresas:

• a.    Cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, en un cincuenta por ciento, en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en el anexo indicado.
• b.    Así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09.

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor deberá ser presentada entre los días 5 y 19 de octubre de 2020 y se tramitará y resolverá de acuerdo con el siguiente procedimiento:

• a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa ante la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita del expediente de regulación temporal de empleo prorrogado, a la que se acompañará de un informe o memoria explicativa de la concurrencia, dentro del ámbito de dicho expediente, de las circunstancias previstas en el párrafo segundo de este apartado y, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
• b) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días a contar desde la presentación de la solicitud, previa solicitud de informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y deberá limitarse a constatar la condición de empresa integrante de la cadena de valor o dependiente indirectamente, en los términos definidos por esta disposición adicional.
  
  Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, y sin perjuicio de obligación de dictar resolución conforme a la normativa de procedimiento administrativo, la empresa podrá entender estimada la solicitud presentada por silencio administrativo.
   
• c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.

En todo lo no previsto en este apartado resultarán de aplicación las normas sobre procedimiento contenidas en el Título II del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

Documentación a presentar:

• a)    Formulario de solicitud de calificación de empresas como integrantes de la cadena de valor o dependientes.
• b)    Informe o memoria explicativa.
• c)    Documentación acreditativa.
• d)    Acreditación de la comunicación de esta solicitud a las personas trabajadoras y traslado del informe o memoria explicativa y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.

Guía de Información y Preguntas Frecuentes (219 kbytes)

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?

Abierto de forma permanente (salvo calificación de empresas dependientes o integrantes de cadena de valor).

Plazo de resolución:

• 5 días. Sólo para el caso del procedimiento fuerza mayor (en el resto, la autoridad laboral se limita a trasladar la documentación presentada a la Inspección de Trabajo y al Servicio Público de Empleo Estatal).

Notificación:

• Las notificaciones se realizarán al Correo Electrónico que figure en la solicitud.

Recursos:

• Alzada.

 Información general sobre recursos administrativos (760 kbytes)

Efecto del silencio administrativo:

Estimatorio

Legislación aplicable:

• RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 24-10-2015).
• Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (BOE 30-10-2012).
• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18-03-2020).
• Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo (BOE 13-05-2020).
• Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (BOE 27-06-2020).
• ACUERDO 43/2020 de 15 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se da publicidad, para general conocimiento y por ser de obligado cumplimiento, a la Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 (BOCyL 16-08-2020).
• Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. (BOE 30-09-2020)

Organismo:

Consejería / Centro Directivo:

• Consejería de Empleo e Industria
• Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

Órgano gestor:

• Oficinas Territoriales de Trabajo
• Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

Órgano que resuelve:

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

Información adicional:

Órgano gestor

• Cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia, la autoridad laboral competente será la Oficina Territorial de Trabajo de esa provincia. No obstante si la medida afecta a más de 200 trabajadores será competente la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
• Cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de esta Comunidad, la autoridad laboral competente será la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
• Cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más Comunidades Autónomas, el órgano competente será la Dirección General del Ministerio con competencias en el ámbito laboral.
• No obstante lo anterior, cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas, pero el 85 por ciento, como mínimo, de plantilla de la empresa radique en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y existan trabajadores afectados en la misma, corresponderá a la autoridad laboral competente de esa Comunidad Autónoma.

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