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Recurso extraordinario de REVISIÓN

¿Qué requisitos debo cumplir?

La impugnación se debe basar en alguno de los motivos previstos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015:

a) Que al dictar la resolución recurrida se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

El órgano competente para resolverlo es el que dictó el acto que se impugna.

¿Qué documentos necesito?

Cumplimentar la solicitud y, opcionalmente, acompañar la documentación que se crea necesaria para justificar el recurso.

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?

Cuando se trate de la causa 1ª, cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada.

En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

Plazo de resolución:

  • El plazo para dictar y notificar la resolución es de tres meses.

Notificación:

  • Por Correo Postal en el domicilio del interesado o en el lugar que haya indicado a efecto de notificaciones.

Efecto del silencio administrativo:

Desestimatorio

Legislación aplicable:

  • Artículo 62 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
  • Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Organismo:

Consejería / Centro Directivo:

Consejería de la Presidencia

Información adicional:

  • Son actos firmes en vía administrativa aquellos contra los que no cabe recurso administrativo ordinario alguno.